A- de 2022

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y las autoridades del Resguardo Indígena de Loma Baja, Loma Alta, Laguna Niñal y Cocuy.

La controversia entre los precitados despachos tuvo su origen en una investigación penal adelantada en contra de un ciudadano, por la presunta comisión del delito de actos sexuales con menor de catorce años.

En dicho trámite, la abogada defensora propuso la colisión porque, en su criterio, la Jurisdicción Especial Indígena era la competente para conocer de los hechos delictivos presuntamente cometidos por su prohijado pertenecía a una comunidad indígena y no había sido aculturado.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo, la Corte declaró que le corresponde a la jurisdicción ordinaria conocer el mencionado asunto, en la medida en que la comunidad involucrada no acreditó contar con la institucionalidad necesaria para conocerlo, pues las sanciones y mecanismos de reparación señaladas por la capitana de la comunidad no responden a las particularidades que revisten los casos de violencia sexual; como tampoco cuenta con instituciones e instrumentos adecuados para brindar la atención necesaria a la presunta víctima en consideración a la situación de discapacidad cognitiva que padece y, la institucionalidad acreditada por la comunidad para el juzgamiento de delitos sexuales no garantiza los intereses y derechos de la presunta víctima, habida cuenta que forma parte de la sociedad mayoritaria.

Con base en lo anterior, la Sala Plena de la Corporación ordenó enviar el expediente al Juzgado Treinta y Siete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados, a las autoridades indígenas pertinentes, al representante de las víctimas y demás intervinientes.